EL REPARTO DE LAS PARTICIPACIONES

En el contexto del pacto fiscal, a la distribución de recursos fiscales entre los tres órdenes de gobierno, hay un tema que en ciertos momentos ha sido central y ha generado diferencias importantes entre las entidades federativas.

En el momento actual es significativa la dependencia de la mayoría respecto a las transferencias de recursos federales, destacando las participaciones, que son un porcentaje de la recaudación federal participable, se trata de casi 10 fondos y fonditos, con fórmulas cuyo elemento central es la población domiciliada. Antes en 1990 se aprobó una “nueva fórmula”, básicamente la del Fondo General de Participaciones (el 20 por ciento de la RFP), la cual fue discutida ese año entre las entidades federativas con un consenso abrumador entre las mismas, en un largo proceso de discusión que duro un año, para reducir la diferencia per cápita en su distribución. No todos quedaron satisfechos, pero para los menos ganadores se crearon dos reservas de contingencia y compensación.

Diferentes fueron los cambios para 2008, un año antes de la crisis financiera que provocó caídas espectaculares en el PIB de un gran número de países, entre ellos México, atravesándose además la pandemia de la influenza, desde entonces las participaciones prácticamente en todos los fondos se distribuyen por la población domiciliada, lo cual es regresivo y generó grandes perdedores y un solo ganador. Por ejemplo, la CDMX y Tabasco hasta hace dos años perdieron de manera acumulada por ese cambio de fórmulas, más de 40 mil millones de pesos, que la primera con una economía dinámica y buena recaudación ha recuperado, no así Tabasco.

Por otro lado las aportaciones que son transferencias condicionadas etiquetadas, orientadas a un fin determinado, como es el caso de salud, educación, seguridad, infraestructura social municipal, hasta sumar ocho fondos, con fórmulas que por lo menos requieren una revisión, ya que, en la fiscalización superior, por ejemplo, han sido recurrentes las observaciones en las auditorías practicadas a los fondos, además de generalizadas entre estados y municipios. Hoy hay notables excepciones por supuesto como se ha dado cuenta en los informes de resultados de la ASF.

Entre ambos conceptos se rebasa el 90 por ciento de las transferencias a los estados y son conceptos cuya fiscalización exclusiva corresponde a la misma Auditoría.

Recuerdo dos posiciones en 1990, la de los estados del centro y sur, que planteaban un reparto per cápita más justo, inquietud que surge cuando Oaxaca destaca que la relación por habitante entre Tabasco –por las participaciones petroleras del origen-y el entonces DF, era muy grande –nueve a uno- respecto a Oaxaca y parecida a la de otras entidades federativas y por el otro el DF, EDOMEX y Nuevo León entre otros que apostaban al efecto compensatorio.

En la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, se retoma el tema y se crea un Grupo de Trabajo para la Revisión de la Fórmula de Distribución de Participaciones.

Así, por un lado, estaba la mayoría, unas 26 entidades, apoyando y perfeccionado la propuesta oaxaqueña y contando con el apoyo de Hacienda, y los otros apostaban al reparto compensatorio, esto es en función de la generación del PIB de cada estado. Eran los menos pero más poderosos económicamente.

Pero en una reunión nacional de consenso se aprobó la fórmula que todavía se mantiene en un porcentaje vivo, una tercera parte con los coeficientes de 2007, el resto es producto de la fórmula de 2008.

Decir que los estados aportan más o menos a la recaudación federal, no es correcto ya que la recaudación está centralizada en el SAT. Por otra parte, no hay que olvidar que el objetivo de un sistema federal, como el nuestro es reducir las desigualdades entre los miembros de la Federación y los cambios deben ser graduales.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

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