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 En el pequeño municipio de Sunuapa, ubicado en la zona norte del estado, el Presidente Municipal David Hernández Sangeado, de manera descarada desvía los recursos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) para impulsar la carrera política de su yerno a quien registró como candidato a la presidencia municipal por el Partido Nueva Alianza.
Hernández Sangeado, quien ganó las elecciones en 2015 por el PANAL, hoy es el coordinador de la campaña de su yerno Luis Miguel Solórzano Yeo, quien se venía desempeñando indebidamente como subdirector de obras públicas en el Ayuntamiento de Sunuapa, ya que se encuentra casado con la hija del propio alcalde.
Por si esto fuera poco, Luis Miguel Solórzano, originario de Pichucalco, apenas tiene tres años y medio radicando en Sunuapa, con su esposa Laura Hernández Rodríguez, hija del munícipe David Hernández Sangeado, sin embargo, le fue extendida una constancia de residencia donde manifestó bajo protesta de decir verdad, que tiene más de 5 años de vivir en Sunuapa, lo cual es completamente falso y todo el pueblo lo sabe.
David Hernández Sangeado, quien ha violado flagrantemente la ley por el nepotismo que ha cometido, ahora pretende perpetuarse en el poder a costa de lo que sea, incluso malversando recursos federales y negociando pequeños cuartitos que son entregados directamente por su yerno el candidato del PANAL.
Además ha iniciado una campaña de difusión de noticias falsas  en contra de Martha Castellanos Pérez, para confundir a la ciudadanía, argumentando que no cuenta con licencia y que por lo tanto la van a bajar de la candidatura en el partido Podemos Mover a Chiapas.
“El carnicero” como es conocido en Sunuapa el Presidente Municipal David Hernández Sangeado, recibió desde el 19 de febrero, la solicitud de licencia de Martha Castellanos Pérez, para separarse del cargo de regidora plurinominal pero nunca le dio el curso legal y administrativo que corresponde ante el Congreso del Estado, por lo que la agraviada demostrará que ella cumplió en tiempo y forma a través de un juicio de derechos políticos en el Tribunal Electoral del Estado.
Martha Castellanos Pérez, es una mujer de oficio enfermera, que goza del respeto, el aprecio y la simpatía de las familias de Sunuapa, por lo que la guerra sucia en su contra es catalogada como una acción vil, cobarde y misogina por parte del Presidente Municipal David Hernández Sangeado. ASICh

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Este artículo se lo dedico a todos los enfermos de Parkinson en su día, pues padecen una enfermedad de la que asombrosamente no ha sido descubierta su cura en este siglo XXI tan pródigo en el desarrollo de las tecnologías. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson en 1997, ésta es una enfermedad neurodegenerativa que fue descubierta en 1817 por el médico inglés James Parkinson. Dos siglos han pasado desde que este médico la descubrió y se desconoce su origen, pues puede ser ambiental, como plaguicidas y pesticidas, el consumo de drogas, herencia genética o deportivo, como el boxeo. Según estudios y diagnósticos de los especialistas de este padecimiento del año 2010, en el mundo existen casi 50 millones de personas afectadas y calculan que la cifra se duplicará en el año 2030. 

En México este tema no es alentador, pues existe una prevalencia de entre 40 a 50 casos por cada 100 mil habitantes por año, significa que en nuestro país medio millón de personas la padecen.
 
El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que, a través de un proceso crónico, va degenerando y destruyendo las neuronas dopaminérgicas, encargadas de transmitir la dopamina, un químico cerebral necesario para el movimiento muscular y el control del sistema nervioso central. Su aparición se manifiesta mayoritariamente después de los 50 años. Este mal es mucho más que unos simples temblores, ya que éstos desarrollan lentitud de pensamientos y movimientos, depresión o apatía, así como parpadeo lento, dolor muscular, alteración del equilibrio e incluso ausencia de expresión. Para su sanación se utilizan medicamentos que aumentan el nivel de dopamina, dieta sana, ejercicio físico, fisioterapias, así como evitar todo tipo de estrés.
Muchas personas con Parkinson se aíslan por miedo al rechazo social y se sienten perdidas cuando los diagnostican con esta enfermedad y no saben a dónde acudir en busca de ayuda, apoyo o información. En nuestro país se realizan investigaciones desde diversas disciplinas como: la genética, medicina, química, sicología y biología en las instituciones médicas donde por medio de cultivos de neuronas producen dopamina y transforman células madre a células dopaminérgicas para realizar trasplantes. Adicionalmente, en la UNAM se llevan a cabo investigaciones para desarrollar nuevos tratamientos que, por medio de un fármaco herbolario, pretenden detener la muerte de neuronas que producen la dopamina. Asimismo, en el Banco Nacional de Cerebros del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) un grupo multidisciplinario de científicos desarrolla biomarcadores moleculares para el diagnóstico de algunas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson.
Cierto es que no se cuenta con estadísticas confiables para saber cuántos enfermos existen por este padecimiento, se sabe que es la segunda condición neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Por increíble que parezca, en tiempos que pareciera que la ciencia todo lo sabe y todo puede, resulta difícil saber que aún existen enfermedades sin cura como la del Parkinson. Las Instituciones de salud públicas y privadas en México y en el mundo siguen haciendo investigaciones científicas para lograr desentrañar este “galimatías médico”. En el mundo científico los especialistas han gastado millones de dólares en investigaciones y todavía se percibe lejano el día que se descubrirá su cura, mientras, seguirán explorando su alivio con técnicas de estimulación cerebral profunda, terapias genéticas y neuroprotectoras, biomarcadores y trasplantes neurales.
Cierto es que esta enfermedad costosa ataca a miles de personas y no tienen forma de combatirla, aun con los avances pírricos de la ciencia, se conocen más sus efectos en el cerebro, pero no cómo contrarrestarlos, cierto es también que sus aristas siguen siendo un misterio para la medicina y la ciencia. ¿O no, estimado lector?

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La primavera transcurre entre el invierno y el verano. Es una de las cuatro estaciones que dividen al año y significa “Primer Verdor”, en referencia a que, en esta época, las plantas reverdecen al incrementarse las horas de luz, los seres vivos se estimulan y el estado de ánimo de las personas se incrementa positivamente. Para celebrar este día, me invitó Manuel Jiménez Guzmán, líder de la Masonería Mexicana, a la Conmemoración del CCXII Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, en el Patio Central del Ayuntamiento que gobierna Miguel Á. Mancera

El lado opuesto a los efectos de la primavera lo dieron los partidos políticos al inscribir ante el INE en sus listados a algunos personajes ligados a escándalos de corrupción y delincuencia organizada para cargos de senadores y diputados por la vía plurinominal, esto es, no realizarán campañas en los domicilios de los electores, no tocarán sus puertas y no tendrán que solicitar el voto de las personas de manera directa; sí lo harán desde el confort y comodidad de sus oficinas, lo que significa que la partidocracia ejerció su poder una vez más, dominada por la soberbia y la egolatría, deja pasar la oportunidad de reivindicaciones con la sociedad.
Es triste observar cómo las dirigencias políticas han sido incapaces de lograr acuerdos para consolidar a nuestra democracia y el desarrollo del país, por el contrario, usan su poder para “negociar y hacer arreglos en lo oscurito” con personas que dicen representar a los ciudadanos (vía sus organizaciones) y que no representan siquiera el sentir de sus familias.
Son en lo general estos cúpulos, burócratas y actores de la política que con complicidad manipulan las decisiones de los partidos políticos para usufructuar dinero y televisión; por ello, sólo necesitan el voto de los ciudadanos para ser contabilizados mercadológicamente. “El fin justifica los medios”, es su premisa. Es la lucha por el poder lo que les interesa, y para lograrlo desvirtúan la política, la denigran, cercenando su objeto y fin social. Por ello las alianzas con el narcotráfico y la permisividad para su actividad criminal, por ello los perdones y las amnistías ofrecidas; por ello están nominados e inscritos en las listas plurinominales esposas, novias, juniors, chapulines, saltimbanquis, acróbatas, rémoras y líderes banales envueltos en escándalos de corrupción y judiciales o de asociación delictuosa, “todos son presupuestívoros”.
¿Cómo ayudar a Meade, que se reunió con los académicos de Derecho de la UNAM, donde Sergio García Ramírez le dijo que “no se entendería a México sin conservar su paso, su rumbo y su destino”?
Raúl Carrancá le expresó: “Le pedimos lo que es una exigencia civil, que incluya inmediatamente en sus discursos, entrevistas y manifestaciones públicas su profunda preocupación ante aquella violencia e impunidad que nos acosan, y que proponga soluciones al respecto con el compromiso, si triunfa en las elecciones, de responderle al pueblo con la franqueza, honestidad, moralidad y entereza intelectual que le enseñamos en esta su Alma Mater”, remató.
¿Cómo ayudarle a Andrés Manuel si postula a gente al Senado como Napito, junior de la política, pues su padre, Napoleón Gómez Sada, fue el sempiterno líder de los mineros del país y, por herencia, le legó el liderazgo, o la comandante Nestora Salgado, líder de autodefensas en Guerrero, con más de 50 secuestros y ataques armados contra civiles y militares?
¿Cómo ayudar a Anaya si no logra explicar el origen de su fortuna al comprobarse “la ruta del dinero lavado” para beneficiarlo en la compra–venta de sus bodegas en Querétaro?
Aproximadamente, elegiremos a tres mil 400 personas a puestos de elección popular. Meade, en el registro de su candidatura, anunció la eliminación del fuero constitucional para todos los servidores públicos, así cualquier persona podrá ser investigada, procesada y consignada judicialmente, esto incluye al Presidente de la República, su gabinete, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados federales y locales.
La pregunta obligada es… ¿Estos personajes de la partidocracia le ayudarán a aprobar esta iniciativa de ley o se la bloquearán y enviarán a la congeladora como acostumbran hacerlo?
 
Usted tiene la respuesta. ¿O no estimado lector?

70 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN MEXICANA CON SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES
 
·        12 millones de diabéticos en el país
·        El poder económico sobrepasa las fronteras
 
 Usted apreciable lector, probablemente se preguntará ¿cómo es posible que si el país fue declarado en emergencia epidemiológica a consecuencia de los altos índices de sobrepeso, obesidad y diabetes, la industria de productos chatarra y refresquera sigan haciendo de las suyas? Y el mismo Presidente Enrique Peña y secretarios de Estado firman acuerdos con esa industria que tiene postrada al 70 por ciento de la población con ese problema y que han generado más de 12 millones de diabéticos. Muy sencillo, el poder económico sobrepasa las fronteras.
Para que se dé una idea, aquí tiene un ejemplo.
En los inicios de su mandato, la esposa de Barack Obama, hizo plantar un huerto en la Casa Blanca, y llamó a nutriólogos expertos para impulsar la comida sana en Estados Unidos, pero las empresas multinacionales pudieron más y bloquearon la iniciativa; y si eso hicieron en uno de los países más poderosos del orbe, qué no pueden hacer aquí en nuestro México y toda latinoamérica, se pregunta el investigador peruano Enrique Yakovich.
Es decir, en México, la industria chatarra o de productos ultraprocesados y refresquera, que en nada alimenta a la población, tiene de rodillas a toda la clase política, de acuerdo con el estudio “La Trama Oculta de la Epidemia: obesidad, industria alimentaria y conflicto de interés”, que fue presentado el pasado 28 de febrero en la Casa Lam de la Ciudad de México, por El Poder del Consumidor.
Entre otras cosas, el estudio refiere que: En 2008, cuando un grupo de expertos del Instituto Nacional de Salud Pública, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y las escuelas de Salud Pública de las universidades de Carolina y de Harvard, realizó las Recomendaciones de Bebidas para la Población Mexicana, y argumentó que, dada la situación de epidemia en el país y el alto consumo de bebidas calóricas “el aporte de bebidas no debe rebasar el 10% de las recomendaciones de energía”, y que no se recomendaba el consumo de bebidas azucaradas,100 profesionales con lazos directos con las empresas de alimentos y bebidas objetaron estas indicaciones y comentaron que “cualquier fuente de energía en exceso es dañina para la salud”.
Estuvieron firmadas, entre otros, por el Doctor Pedro Arroyo, que en ese momento era Secretario Técnico del Fondo Nestlé para la Nutrición, el Doctor Guillermo Meléndez de la Fundación Mexicana para la Salud quien fuera director ejecutivo del International Life Sciences Institute (ILSI) en su primera etapa (cuando invitaron al Dr. Rippe y fueron sancionados por ILSI internacional).
Pero un año antes de que se presentaran las recomendaciones, Josefina Vázquez Mota, como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), había firmado un convenio con PepsiCo para permitir a esta compañía entrar a las escuelas con su programa “Vive Saludable Escuelas” (una iniciativa “a favor de la buena alimentación y el deporte”). Como Secretaria de Educación, Vázquez Mota firmó el acuerdo con la cabeza de PepsiCo, Indra K. Nooyi.
Ese mismo año la SEP participó en otra alianza para la entrada de Coca-Cola en las escuelas a través de la campaña “Movimiento Bienestar”: La Secretaria Vazquez Mota, ante la demanda de sacar la comida chatarra de las escuelas, respondió que esa no era la opción; que había que enseñar a los niños a realizar elecciones saludables.
De esta manera reproducía así el discurso de la industria, que la obesidad es una responsabilidad individual, que no tiene que ver con un entorno y condiciones que la promueven, llevándolo al extremo de aplicarla a los niños.
Con la salida de Vázquez Mota y la entrada al frente de la SEP de Alonso Lujambio la posibilidad de promover una regulación de los alimentos y bebidas en las escuelas se presentó. En 2010, la propuesta se puso a consulta pública en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). De manera inmediata, la industria envió comentarios a la COFEMER quejándose respecto al inminente retiro de bebidas de alto contenido calórico de los planteles escolares.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es decir, la clase empresarial en su conjunto, se manifestó en contra de que se garantizara un ambiente saludable a los niños en las escuelas. El CCE señaló: “la regulación no resolvería el problema (de la obesidad)” y comentó que las nuevas guías “atacaban a la industria del refresco” y que, en cambio, se debía promover la educación nutricional y el ejercicio y no etiquetar las comidas como “buenas o malas”.
Aunque la COFEMER accedió a la necesidad de regulación y se supone escuchó argumentos de expertos y padres de familia, cedió ante los argumentos centrales de la industria contra la regulación argumentando que el criterio de densidad calórica no se justificaba y aceptando como “alimentos líquidos” productos con azúcar añadido y edulcorantes no recomendados a niños como jugos, néctares, lácteos y derivados de soya envasados.
El concepto de densidad calórica era central en la regulación, establecía que un producto no podría tener más de 265 calorías por 100 gramos para entrar en las escuelas. No importaba si el producto era de 30 gramos, si en 100 gramos contenía más de 265 calorías no podría entrar.
En cambio, se estableció un máximo de calorías por porción. Al bloquear el criterio de densidad calórica, se creó el fenómeno de la minichatarra. Si un gansito no entraba en la escuela bajo el criterio de densidad calórica, sin importar que fuera un minigansito; con el criterio establecido por COFEMER respondiendo a la presión de la industria, el minigansito era permitido. Vino así la producción y entrada de la minichatarra a las escuelas.
De esta manera, los productos chatarra siguieron en las escuelas en presentaciones más pequeñas, ahora se comprarían dos en vez de uno y se evitaría el cambio a alimentos saludables. COFEMER se puso del lado de la industria y en contra de la propuesta de la SEP y la SS de Lujambio y Córdoba Villalobos. La industria, a través de la Secretaría de Economía, puso a COFEMER a su servicio.
Basta decir que los estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en escuelas públicas informaban que estos planteles se habían convertido en ambiente obesogénicos. Sus investigaciones informaban que los niños al salir de la jornada escolar ya habían consumido el 31% de las calorías requeridas para todo un día, antes de ingerir los alimentos de la comida y cena.
Pero también los legisladores están en medio de estos conflictos de intereses. Tan es así, que, en 2013, antes del establecimiento del impuesto de 10 % a las bebidas azucaradas, en la discusión en el Congreso podían participar personas que abiertamente poseían claros intereses en contra de la medida como la senadora del Partido de Acción Nacional (PAN) Martha Elena García Gómez de Nayarit.
La senadora era Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y esposa del ex gobernador de ese estado, Antonio Echevarría Domínguez, ahora presidente del Consejo de Administración del Grupo Empresarial Alica, concesionario en Nayarit de las marcas Coca-Cola, y del cual es parte el Grupo Embotellador Nayar.
 
Fernando Aguilar Juárez
044 55 31 90 12 16

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La Procuraduría Federal del Consumidor cumplió 42 años. Institución pública con un nivel de aceptación ciudadana positivo, la sociedad la percibe como una de las mejores del país, sólo después del Ejército, la Marina, la UNAM, la Iglesia, el IMSS y el ISSSTE

Para celebrar esto, se reunieron en el Auditorio “Salvador Pliego Montes” su titular, Rogelio Cerda Pérez; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; los presidentes de Comisiones Legislativas, Héctor Larios Córdova, Jorge Dávila y Ricardo Urzúa; y de Cámaras Empresariales, como Enrique Solana, de Concanaco, y Ramiro de Jesús Cavazos, de las Centrales de Abasto del país, encuentro donde se destacaron las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Al inicio del siglo XX, en Estados Unidos se dieron las primeras regulaciones provocadas por aumentos de precios, los escritos polémicos de Upton Sinclair y escándalos relativos a sustancias farmacéuticas. Así, se aprobó la Ley sobre la Genuinidad de las Sustancias Alimenticias y Farmacéuticas y una para inspeccionar la carne.
En 1914, se integró la Comisión Federal del Comercio para combatir prácticas ilícitas o fraudulentas, ampliando sus facultades por una huelga de amas de casa en Detroit, consecuencia de la depresión económica del 29.
El Tercer Movimiento de Consumidores se inició en los años 60 por  aumentos de precios, el escándalo de la Talidomida y la acción de los medios masivos de comunicación.
En 1962, el presidente John F. Kennedy solicitó a su Congreso una legislación a favor de los consumidores con derechos específicos: El derecho a la seguridad, a ser escuchado, a ser informado y a elegir libremente.
En los años 70, el movimiento de los consumidores se extendió a Europa.  Asociaciones privadas, mediante foros y debates, provocaron la creación de organismos para revisar prácticas de consumo en Francia, Inglaterra, Suecia y Holanda aprobando en 1973 la Carta Europea de Protección de los Consumidores, documento base incorporado al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Maastricht, Holanda, en 1992.
Antes, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1985, aprobó la resolución 39/248 que establece las directrices para la protección al consumidor, como un conjunto de bases sobre las cuales los Estados miembro deben desarrollar sus políticas y leyes para la protección de consumidores, con un carácter universal reconocido en la carta de 1973 y en el programa preliminar de 1975.
En México, fue en 1976 que entró en vigor nuestra Ley Federal, emergiendo la Profeco como organismo especializado en la procuración de justicia pronta y expedita, y el Instituto Nacional del Consumidor (INCO), fusionándose posteriormente para optimizar las funciones de protección a la vida, la salud, la seguridad y la economía de las personas, mediante la asesoría y representación de la población consumidora, pues concilia y arbitra las diferencias entre proveedores y consumidores, emitiendo resoluciones administrativas; registra contratos de adhesión para evitar cláusulas leoninas, verifica y vigila el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), revisa pesas y medidas, instructivos y garantías de los productos, ofertas, promociones y que los precios de éstos siempre se exhiban a la vista; la publicidad y la información debe ser veraz, objetiva, precisa, comprobable y exenta de diálogos, sonidos, imágenes, marcas u otras descripciones que induzcan a error o confusión por engañosas y abusivas.
Además, orienta a la sociedad a través de los medios de comunicación: Radio, televisión e internet, con impresos como la Revista del Consumidor, trípticos, carteles y Quién es Quién en los precios para elevar la cultura de consumo y mejorar  hábitos de la población.
La Institución es el “ombudsman de los derechos del consumidor”, por ello, bienvenido este esfuerzo legislativo que precisa sus capacidades “para equilibrar y hacer converger las asimétricas relaciones de consumo”, afirmó el procurador Rogelio Cerda, y “como instrumento jurídico que hay que aprovechar en toda su dimensión para seguir haciendo lo que hasta hoy se ha hecho con mucho esfuerzo y mérito”, señaló el secretario Ildefonso Guajardo; por cierto, esfuerzo consensado con organizaciones de la sociedad civil, Cámaras, organismos empresariales y la unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
 

 

“Lograr mayor igualdad entre los desiguales” debe ser espíritu de la ley… ¿O no, estimado lector?

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Los pequeños y medianos productores de leche de 20 estados del país, que aportamos más del 80 por ciento del volumen nacional del alimento, hacemos un llamado al Gobierno de la República, a través de las secretarías de Agricultura, Desarrollo Social y Economía, a que den respuesta a 150 mil productores de nuestro gremio, que nos debatimos entre seguir empobrecidos y desaparecer, o incorporarnos al proceso de desarrollo nacional. Estamos en franca desesperación por la nula atención de los titulares de estas dependencias. Ellos juegan al teléfono descolgado o a los oídos sordos, mientras nosotros padecemos hambre frente a la disyuntiva de que mueran nuestros animales por hambre o llevarlos al matadero para rescatar algo.
Exigimos que de manera inmediata la SEDESOL, a través de LICONSA, incremente el precio que paga a productores nacionales a $8.00 (ocho pesos) el litro. Estimamos que esto permitiría no sólo la subsistencia, sino el crecimiento de este sector, sobre todo de pequeños y medianos productores; garantizaría también que el abasto para los Programas Sociales Federales no tenga suspensiones por la volatilidad del dólar o en su caso de la escasez de este producto en el mundo.
Hacemos un llamado atento a la sociedad en general, pero sobre todo a las diferentes organizaciones de productores de leche de este país, a sumarse a las acciones de protesta que llevaremos a cabo a partir del día lunes 5 de febrero de 2018, en los diferentes estados del país, las cuales se incrementarán e iran subiendo de tono, en la medida en que el gobierno no dé solución a nuestros planteamientos.
Los productores de leche manifestamos nuestra molestia por el nulo interés del gobierno mexicano (ECONOMÍA, SEDESOL) por resolver los graves problemas que no sólo son de aumento del precio del producto, sino resultado de una política de importaciones indiscriminadas de leche en polvo. Esto ha condenado a los productores nacionales a desaparecer, ahorcados por un precio y una competencia despiadada, de la cual se han beneficiado los países desarrollados, como Estados Unidos, Europa y ahora Nueva Zelanda.
Esta problemática se ahonda, por la necesidad que tenemos de reposición de vaquillas, de renovación de infraestructura, de aprovisionamiento de forrajes, del uso de medicamentos y de instrumentos necesarios para un manejo adecuado de los animales y del propio producto, una vez extraído de las vacas; de sistemas de acopio y transporte de la leche. Todo esto no cuenta para las autoridades, quienes están empeñadas en hacer pesada la carga a los pequeños y medianos productores de leche.
En los últimos cinco años se ha mantenido una política de imposición de un precio castigado por cada litro de leche producido y entregado a la industria y a la empresa LICONSA, que no permite que los productores tengamos derecho a obtener utilidades para reinversión y para alcanzar un nivel de vida decoroso y sin angustias económicas. Todo esto, sin que dejemos de tener un interés propio por ofrecer el mejor alimento de este país a las clases sociales más necesitadas, por la vía del Programa de Abasto Social que LICONSA realiza por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Es de señalar que el programa de distribución de este alimento a los compatriotas desprotegidos, es de los mejores que la actual administración tiene, ya que con los nutrientes de la leche que producimos, en múltiples ocasiones sirve como único alimento para niños, jóvenes y ancianos en el día.
De manera definitiva, estamos a favor de que programas como el señalado, continúen y alcancen mayores coberturas para bien de la gente que más falta le hace. Sin embargo, a lo que no estamos dispuestos es a que sea con el patrimonio de los productores de leche, como se financie este programa social. Además, no podemos tomar una actitud pasiva, expectante, frente a las negociaciones de Tratados de Libre Comercio a nuestras espaldas, sin tomarnos opinión y obtener nuestra anuencia para importar leche que es sobrante de países desarrollados. Que al gobierno no se le olvide que los productores de alimentos, entre ellos los de leche, somos sus colaboradores en su responsabilidad de ofrecer alimentos sanos y en cantidades adecuadas para la población nacional.
Acusamos que el gobierno y la parte que corresponde a SEDESOL y a LICONSA, han omitido la responsabilidad de revisar el precio de la leche que reciben. Nos hemos cansado de recordarles que en la presente administración, los productores mexicanos no han tenido ningún incremento en el precio, lo cual nos pone en estado de quiebra y desesperación ante los oídos sordos que han tenido con nosotros las dependencias señaladas.
Por Agencias