Fiscalía General interroga a ex funcionarios de Odebrecht en Brasil

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La Fiscalía General de México interrogó el mes pasado a cinco testigos clave en la investigación del caso Odebrecht. Carlos Enrique Hernández Azuara, director general de Asuntos Especiales de la Fiscalía General, se presentó el 22 de marzo en la sede del Ministerio Público Federal en Sao Paulo, Brasil, de acuerdo con cuatro fuentes de Odebrecht, del Ministerio Público Federal de Brasil y del Gobierno de México.
En compañía de una traductora, Hernández acudió para interrogar a cinco ex colaboradores del área de Odebrecht que diseñó y operó el sistema secreto por medio del cual la empresa distribuyó sobornos a políticos y funcionarios alrededor de América Latina.
Este fue el primer interrogatorio en mucho tiempo. La última vez que funcionarios mexicanos interrogaron a ejecutivos de Odebrecht fue en mayo de 2017, de acuerdo con un comunicado oficial.
A un costado de la transitada avenida Paulista, encerrados en una sala del Ministerio, una secretaria, un funcionario brasileño, Hernández Azuara y representantes de la constructora tomaron las declaraciones, una tras de otra, a los testigos: Olivio Rodrigues, Ángela Palmeira, Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Soares y Fernando Migliaccio.
La sesión de interrogatorios inició a la una de la tarde y se prolongó por cinco horas. Como ocurre en diligencias como esta, que suceden día con día en este edificio a pedido de fiscalías de otros países, los ejecutivos respondieron a una lista de preguntas que el gobierno de México envió con anticipación.
El Ministerio Público de Brasil suele pedir un cuestionario a fin de que los delatores tengan tiempo para buscar las respuestas y las pruebas documentales en los servidores del Departamento de Operaciones Estructuradas, que era el área a cargo de sobornos.
Aunque el interrogatorio ocurrió durante la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, una fuente cercana al caso, que pidió no ser identificada, informó que la diligencia fue solicitada en la administración anterior.
En enero de 2017 la entonces Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía General- inició una investigación por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Directivos de Odebrecht confesaron ante la Justicia de Brasil haber pagado sobornos a Emilio Lozoya Austin cuando éste trabajaba en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y, de nuevo, siendo ya director de Petróleos Mexicanos.
Durante la administración de Peña Nieto la colaboración entre los dos países no avanzó como en otros lugares. Según comunicó el Ministerio Público de Brasil en octubre de 2018, el gobierno mexicano se había negado a firmar un acuerdo que le permitiría recibir información sobre el caso, siempre que no la utilizara en contra de los delatores.
“Lo que vimos fue una parálisis total, no se movió absolutamente nada en el caso, a pesar de que el propio ex procurador (Rául Cervantes) dijo que estaba listo el expediente”, dijo Alfonso Hernández Valdez, integrante del comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entrevistado sobre el tema. La falta de consecuencias legales y el retraso en los interrogatorios tiene una explicación, señaló: “las instituciones de impartición de justicia se mueven muchas veces con criterios políticos y no jurídicos”.
Un mes antes del encuentro en Sao Paulo, en marzo pasado, el nuevo fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que está retomando los grandes casos que dejó sin resolver el gobierno anterior, y mencionó a Odebrecht, a la Estafa Maestra y a Ayotzinapa; “tenemos cuatro o cinco temas verdaderamente, ¿qué les diré?, simbólicos, que sin ellos, nadie nos va a creer”, comentó durante una sesión con legisladores, según el diario El Economista.
A la diligencia de Sao Paulo, no acudió ningún funcionario vinculado a la nueva administración. Quinto Elemento Lab y la revista Época de Brasil corroboraron con fuentes del Ministerio Público de Brasil, del gobierno mexicano y de la empresa, que quien se presentó a la cita fue Carlos Enrique Hernández Azuara, un funcionario que reporta al subprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Ambos estaban en la Procuraduría desde la administración de Enrique Peña Nieto; Muñoz directamente vinculado al caso Odebrecht.
Además, fuentes cercanas al caso coincidieron en que el interrogatorio siguió la lista de preguntas que envió la entonces Procuraduría y que estaban enfocadas a corroborar la información -ya conocida- sobre la presunta entrega de 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya.